En Estados Unidos, se está atravesando una severa crisis de vivienda que impacta con mayor intensidad a las familias de bajos ingresos. Simultáneamente, la crisis climática incrementa la frecuencia y la intensidad de los episodios de calor extremo, una situación que se prevé agravará con el crecimiento continuo de las emisiones de carbono en la atmósfera.
Un reciente informe de UCS, titulado en inglés Colliding Crises: The Dangers of Extreme Heat in Affordable Housing, aborda cómo el calor extremo representa un serio peligro para la salud de quienes residen en viviendas asequibles en todo el país y sus territorios. Mi colega Zoe Middleton expone los hallazgos a nivel nacional y ofrece recomendaciones de políticas públicas en su artículo (aquí en inglés).
La investigación reveló que las personas que habitan en viviendas asequibles enfrentan alertas de calor durante varios días o semanas al año, siendo las familias lideradas por personas de color quienes se enfrentan a riesgos desproporcionados. La mayor parte de las viviendas asequibles expuestas están ubicadas en el noreste y sureste del país, destacando Texas, California y Nueva York como los estados con más unidades expuestas.
A continuación, compartiré resultados específicos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que son igualmente preocupantes.
Las crisis de vivienda y climática agravan desigualdades socioeconómicas
Numerosas comunidades en Estados Unidos y sus territorios están lidiando con simultáneamente con las crisis de vivienda asequible y climática. Los efectos se intensifican en aquellas comunidades que poseen menos recursos, incluyendo a quienes viven en viviendas subsidiadas y en el sector no subsidiado, con ingresos a menudo bajos o extremadamente bajos. Estos inquilinos frecuentemente carecen de opciones de vivienda segura debido a la falta de inversión durante décadas en la construcción y mantenimiento de vivienda asequible. Existe un considerable déficit en la disponibilidad de vivienda para los hogares con los ingresos más bajos, y muchas de las unidades existentes requieren reparaciones y modernizaciones.
Además, la falta de ingresos y el acceso limitado a áreas verdes, aire acondicionado u otras formas de regulación de temperatura pueden aumentar el riesgo de enfermedades o muertes por calor extremo, incluyendo golpes de calor, y diversas enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales, especialmente entre las personas con condiciones de salud vulnerables. Muchas personas en viviendas subsidiadas son jóvenes o ancianos, viven con discapacidades físicas o mentales, o padecen de condiciones que incrementan su riesgo de salud debido al calor extremo.
Es crucial que cualquier política pública dedicada a abordar la crisis de vivienda asequible integre la necesaria inversión en mejoras y en la expansión del inventario de viviendas de forma que sean resilientes frente a extremidades climáticas.
En nuestro informe, se evaluó la cantidad de viviendas asequibles y sus inquilinos expuestos a episodios de calor extremo, así como la frecuencia de estos eventos entre mayo y octubre de 2024, meses durante los cuales se incrementan estos peligros en Estados Unidos y que en la Unión de Científicos Conscientes denominamos la Temporada de Peligros. Evaluamos cerca de 8 millones de unidades de vivienda asequible en sectores clave del mercado de vivienda subsidiada: vivienda pública, vivienda prefabricada, y otras formas de subsidios como los vales del programa Sección 8, Low Income Housing Tax Credits (LIHTC), o viviendas destinadas a familias, personas mayores o personas con discapacidades. Cabe señalar que los datos sobre tipos de vivienda asequible recopilados no incluyen viviendas prefabricadas en ninguno de los territorios caribeños.
Antes de profundizar en los resultados de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, es necesario proporcionar contexto sobre las condiciones climáticas, de gobernanza y políticas públicas que agravan ambas crisis en estos territorios.
2024: Una temporada de peligros climáticos intensa en el Caribe
Puerto Rico y las Islas Vírgenes vivieron un verano caluroso y severo en 2024.
En Puerto Rico:
- Todos sus 78 municipios estuvieron bajo al menos una alerta de calor extremo durante 2024, con una media de 38 días con alertas por municipio (más de un mes de alertas, que no necesariamente fueron consecutivas);
- 29 municipios recibieron entre 56 y 57 alertas de calor.
En las Islas Vírgenes:
- St. Croix estuvo bajo alerta de calor en 54 ocasiones,
- Los residentes de St. John y St. Thomas experimentaron 37 alertas de calor entre mayo y octubre de 2024.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emite alertas de calor extremo cuando el índice de sensación térmica (un indicador que combina temperatura y humedad) alcanza niveles que amenazan la salud pública. La brutalidad de esta temporada de calor fue tal que en junio, el SNM emitió por primera vez una alerta de calor para todo el archipiélago, alcanzando temperaturas de 114°F (45,6°C).
El polvo del Sahara también ha influenciado en las condiciones atmosféricas del Caribe, trayendo aire seco y estabilizando la atmósfera, lo que inhibe la formación de tormentas y reduce la precipitación. En la superficie, este aire seco y el polvo limitan la formación de nubes, contribuyendo al aumento de temperaturas y del índice de sensación térmica, sobre todo en áreas costeras y urbanas.
¿Cuánta vivienda asequible estuvo expuesta al calor en Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el 2024?
Analizamos un total de 87.428 y 4.839 viviendas asequibles en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, respectivamente.
En Puerto Rico, aproximadamente 76.541 viviendas (87,5% del total) estuvieron bajo alertas de calor al menos siete veces en 2024 (equivalente a una semana).
En las Islas Vírgenes, cada una de las 4.839 unidades de vivienda asequible recibió alertas de calor por lo menos siete veces. En estas viviendas en Puerto Rico residen aproximadamente 148.358 personas, mientras que en las Islas Vírgenes suman 7.760, de las cuales 129.813 personas en Puerto Rico y todos los 7.760 habitantes de vivienda asequible en las Islas Vírgenes fueron expuestos a siete o más alertas de calor.
La falta de autonomía dificulta aún más la crisis de vivienda asequible.
En Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el acceso a una vivienda asequible se agrava por ser ambos territorios coloniales, donde las decisiones que impactan a sus 3,4 millones de habitantes en Puerto Rico y unos 87.000 en las Islas Vírgenes, no son tomadas por ellos mismos. Aunque algunos de los problemas que afectan el acceso a vivienda asequible también son evidentes en el resto de Estados Unidos (por ejemplo, el aumento de costos de vivienda, desplazamientos y una infraestructura envejecida), estos territorios coloniales enfrentan obstáculos adicionales para acceder a ellas.
Además, la severa crisis fiscal y económica de Puerto Rico alcanzó un punto crítico tras el Huracán María en 2017, provocando la salida de miles de personas del archipiélago; una de las consecuencias ha sido el encarecimiento de la vivienda, en parte debido al crecimiento en el mercado de alquiler de corto plazo para satisfacer la demanda turística, especialmente post-pandemia. Pese a la salida de miles, la disponibilidad de vivienda no aumentó, y las viviendas destruidas por María disminuyeron aún más el inventario disponible. El Centro para la Nueva Economía estima que después de María, este mercado creció un 30%, lo que contribuyó al aumento en los costos de vivienda.
Las razones climáticas se ven agravadas por múltiples y severas imposiciones de políticas públicas, tanto históricas (ej., la Ley Jones) como contemporáneas (ej., PROMESA y la Junta de Control Fiscal, la privatización de la producción y distribución de energía eléctrica, la Ley 60) que dificultan el acceso a vivienda y servicios básicos en Puerto Rico. El aumento gradual en el costo del servicio eléctrico contribuye a hacer más inaccesible la compra o alquiler de vivienda. No ocurre nada de esto de forma accidental; muchas políticas públicas están diseñadas para atraer capital o generar estadísticas a corto plazo para turistas (en hoteles o AirBnBs) en detrimento de la vivienda asequible para el pueblo puertorriqueño.
Los peligros del calor extremo en la vivienda asequible en el Caribe
Un estudio reciente indicó que las altas temperaturas aumentaron en un 16% el riesgo de muerte en Puerto Rico entre 2015 y 2023, siendo la mortalidad por calor más alta en zonas urbanas y costeras. Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, entre mayo y octubre de 2024 (la Temporada de Peligros), se registraron 291 hospitalizaciones por enfermedades relacionadas con el calor extremo o la exposición al sol (84% de todas las hospitalizaciones por estas causas en el año).
En situaciones de calor extremo luego de un huracán, cuando el sistema eléctrico se vuelve inestable y falla por largos períodos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, las altas temperaturas y la humedad intensifican los peligros que no se pueden evitar, con consecuencias que pueden ser fatales, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas y personas de la tercera edad.
¿Cómo funcionan las protecciones contra el calor extremo en la vivienda asequible en Puerto Rico?
Actualmente, el programa LIHEAP en Puerto Rico (gestionado por el Departamento de la Familia, DF) proporciona asistencia para cubrir gastos relacionados al enfriamiento de la vivienda a través de la factura eléctrica, así como para climatizar el hogar y emergencias durante el verano. El desembolso del programa de asistencia varía entre $110 y $605.
El programa de climatización incluye ayudas para sistemas fotovoltaicos en techos residenciales y comunitarios, mejoras en techos, reemplazos de electrodomésticos, puertas y ventanas, entre otros. El programa de emergencias de verano ofrece hasta $1,000 en fondos urgentes para evitar la desconexión del servicio eléctrico durante períodos de calor. Los programas de climatización y enfriamiento priorizan a hogares con personas mayores, con discapacidades y con niños pequeños, pero no ofrecen prioridad a los hogares con gastos energéticos desproporcionados, por ejemplo, aquellos que gastan una gran parte de sus ingresos en costos de energía. Tampoco son favorecidos aquellos que habitan en viviendas subsidiadas.
En 2025, el DF redujo la asignación de fondos LIHEAP para crisis de verano del 61% al 55%. Esta reducción parece haberse hecho para aumentar la asignación al programa de climatización de cero en años pasados al 5% (el restante 1% provino de una disminución del 20% al 19% en el programa de refresco). Actualmente, los hogares que reciben asistencia del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF en inglés) o del Programa de Asistencia Nutricional (PAN, SNAP en inglés) y son clientes de LUMA son inscritos automáticamente en el programa de asistencia de emergencia. LUMA, la compañía encargada de la distribución del servicio eléctrico, no cuenta con moratorias vigentes que eviten la desconexión del servicio eléctrico por falta de pago durante episodios de calor extremo, aunque administraciones anteriores han decretado suspensiones en la interrupción del servicio durante situaciones de emergencia.
Una política pública crucial que proteja a los más vulnerables
A medida que el cambio climático sigue aumentando el calor extremo, las políticas públicas deben enfocarse en incrementar la resiliencia de la vivienda asequible y proteger la salud de quienes allí habitan. Las soluciones más efectivas demandan financiamiento adecuado y coordinación entre todos los niveles de gobierno—local, tribal, territorial, estatal y federal. Proponemos lo siguiente en cuanto a políticas públicas para Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes:
Invertir en expansión y mejoras del inventario de vivienda asequible
Los programas federales como LIHTC, HOME Investment Partnerships, y Community Development Block Grant (CDBG) junto a los vales financiados por el gobierno federal y en los estados facilitan que hogares de bajos ingresos alquilen en el mercado privado. Sin embargo, los niveles de financiamiento para estos programas son insuficientes y no cubren la creciente demanda de vivienda asequible.
Es esencial que todos los niveles de gobierno colaboren para aumentar la inversión, modernizar el inventario existente y aumentar el número de viviendas que sean más resilientes ante el calor extremo. Esto implica mejorar la eficiencia energética de las viviendas mediante la implementación de códigos de construcción actualizados. Estas inversiones no solo protegerán la salud y bienestar de la población, sino que también reducirán las facturas de luz, constituyendo un uso responsable de fondos públicos. Uno de los aspectos más críticos es crear vivienda asequible accesible para las familias con los ingresos más bajos, y no solo para aquellas de ingresos medios.
Post-desastres, la inversión de fondos CDBG para recuperación de desastres (CDBG-DR) debe también utilizarse para fortalecer la vivienda asequible contra futuros desastres y peligros crónicos, como el calor extremo.
Ampliar el acceso a la eficiencia energética
Aumentar el acceso a la eficiencia energética es esencial, especialmente para los hogares de bajos ingresos, ya que muchos no pueden sufragar los costos de mantener temperaturas adecuadas en sus viviendas, lo que podría resultar fatal durante episodios de calor. Para resolver estas necesidades, a nivel federal se debe fortalecer, ampliar y reformar el programa LIHEAP, así como el Programa de Asistencia de Climatización (WAP) y otras protecciones con las siguientes medidas:
- Aumentar el presupuesto de LIHEAP para fondos y personal, incluyendo fondos para la instalación y mantenimiento de sistemas de enfriamiento.
- Aumentar el presupuesto de LIHEAP destinado a enfriamiento de viviendas. A pesar del creciente riesgo por calor extremo, sólo el 20% del presupuesto de LIHEAP se asigna a este propósito.
- Eliminar la suspensión del servicio eléctrico por falta de pago durante episodios de calor extremo.
Mantener el acceso sin barreras a datos climatológicos y meteorológicos
Es fundamental asegurar el acceso sin obstáculos a la información y datos generados por las agencias científicas federales, tales como las alertas de calor emitidas por el SNM y las proyecciones de eventos de calor extremo a futuro del National Climate Assessment. Las agencias de salud pública locales y estatales deben invertir en mejorar sus sistemas de vigilancia de enfermedades y muertes relacionadas al calor, integrando esta información en la recolección de datos sobre vivienda. Es esencial recopilar información sobre determinantes sociales y económicos de la salud para mejorar las políticas públicas que protejan a la población vulnerable, incluyendo a quienes viven en viviendas asequibles.
Desafortunadamente, muchos de estos programas necesarios para resiliencia frente al calor, así como la ciencia y datos federales, y las inversiones en energía limpia están bajo ataque intenso por parte de la administración Trump. Esto pone en riesgo la salud y bienestar de las personas. El Congreso debe enfrentar estos ataques y asegurar que la población del país esté protegida del calor y otros impactos climáticos, así como tener acceso a energía limpia y a bajo costo.
Puerto Rico y las Islas Vírgenes necesitan una resiliencia decolonial en vivienda, clima y energía
Para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la asistencia federal para aumentar el acceso a vivienda asequible, eficiencia energética y datos científicos debe ir de la mano con soluciones que prioricen no solo la transferencia de fondos federales, sino también una transformación justa y decolonial en términos climáticos, energéticos y sociales. ¿Qué significa esto? En los territorios caribeños, existe la capacidad del entorno natural, los lazos comunitarios, y el deseo de la gente de liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles que encarecen cada vez más el acceso a una vida saludable, digna y productiva, comenzando con un derecho fundamental: el acceso a una vivienda estable y asequible.
Este derecho es el punto de partida, como afirma el Dr. Arturo Massol Deyá, líder de la organización comunitaria puertorriqueña Casa Pueblo, al considerar el sol como una fuente primaria en el camino hacia la descolonización, pasando de una “dependencia histórica de los combustibles fósiles impuesta por Estados Unidos, a una liberación que otorga la capacidad de producir energía —la fuerza para realizar el trabajo— a la gente y las comunidades para un mejor vivir.”
La inversión en más y mejor vivienda asequible, en climatización, así como en apoyos económicos para pagar facturas eléctricas e instalar paneles solares o sistemas de enfriamiento son acciones importantes y necesarias para proteger a las personas más vulnerables. Sin embargo, en los territorios, estas medidas no son suficientes; la verdadera resiliencia requiere un cambio radical en la estructura del poder político, energético, social y económico bajo un modelo colonial. Esto implica construir un modelo que emerja de la comunidad y que priorice las necesidades del pueblo, no las proyecciones de ganancias de la industria de los combustibles fósiles.
Urgimos un futuro donde podamos vivir
El calor extremo amplificado por el cambio climático afecta desproporcionadamente a hogares de bajos ingresos, y esta situación se deteriorará aún más en el futuro si no se reducen las emisiones que causan el calentamiento global. Todos los niveles de gobierno deben tomar en serio estos desafíos, superando dificultades fiscales y divisiones políticas para abordar la grave crisis de la vivienda asequible. Asimismo, es fundamental que quienes formulen políticas públicas aseguren que las inversiones para aumentar la resiliencia al calor, tanto en viviendas existentes como nuevas, protejan la salud de todos los residentes.
La urgencia de estos problemascrece a medida que el cambio climático, impulsado principalmente por el aumento de emisiones debidas a la quema de combustibles fósiles, incrementa las temperaturas globales y la frecuencia e intensidad de los eventos de calor extremo. Actuando ahora para invertir en viviendas asequibles que sean resilientes al clima, los legisladores federales, estatales y locales tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas en sus hogares hoy y en las próximas décadas. Simultáneamente, se deben implementar acciones que reduzcan drásticamente las emisiones que contribuyen al calentamiento global para limitar el peligroso calor en el futuro.
